El Encuentro Memoria Verdad y Justicia exige el cese de la represión en los barrios pobres

“La actual situación de crisis, con una pandemia en desarrollo, no puede ser el contexto para un mayor despliegue de prácticas represivas en los barrios”, señaló el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. En este sentido, desde el espacio se denunció que “el despliegue policial en los barrios populares, lejos de asegurar la protección de las personas, se ensaña en abusar de los más desprotegidos”.

Compartimos el comunicado:

Exigimos el cese inmediato de la represión policial en los barrios pobres del país

En el marco de la cuarentena total impulsada desde el gobierno para garantizar medidas de distanciamiento físico que prevengan el contagio de Virus COVID-19, el despliegue policial en los barrios populares lejos de asegurar la protección de las personas, se ensaña en abusar de lxs más desprotegidxs.

Desde hace días circulan en las redes videos que dan cuenta de la agresión y el abuso policial en dichos barrios. Con la excusa de que buscan asegurar que todxs se queden en sus casas amedrentan a la gente con prácticas que lamentablemente son cotidianas. Hemos visto imágenes de policías disparándole a personas que van al basural a buscar comida, disparos a quienes filman las agresiones policiales, videos de torturas a pibes en la calle, sometimiento a distintos tipos de humillaciones, persecuciones a jóvenes con sus motos, detenciones a mujeres que acompañan a sus madres a hacer una compra, etc. Acciones de las que también es protagonista la gendarmería, fuerza responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

La actual situación de crisis, con una pandemia en desarrollo, no puede ser el contexto para un mayor despliegue de prácticas represivas en los barrios. El gobierno de Alberto Fernández y los distintos gobiernos provinciales son responsables del comportamiento de las fuerzas represivas y de las consecuencias que genera su accionar. Tampoco puede ser el marco para despidos, suspensiones, recortes salariales y cualquier otro tipo de medidas contra los trabajadores, habida cuenta de que ya comenzaron estas prácticas por parte de las empresas a las que el gobierno también debe exigirles la provisión de todo lo necesario para preservar la salud y evitar el contagio de quienes trabajan.

La lucha contra la pandemia no puede sustentarse en el recorte de las libertades democráticas. Nos oponemos al eventual dictado del Estado de sitio y medidas similares.

En un mismo sentido, denunciamos las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que obligan a vivir a las personas privadas de la libertad en las cárceles de todo el país. Esta situación ya llevó a la realización de motines en las prisiones de Coronda y Las Flores (Santa Fe) y Batán (Mar del Plata), con el terrible resultado de 5 presos muertos. Es decir, el número de presos muertos ya es casi igual que el de muertes por el Virus COVID-19 en Argentina. También deben cerrarse de manera permanente todos los prostíbulos distribuidos por el país, garantizando vivienda y alimentación para las víctimas por cooptación y por trata, las mujeres y disidencias en situación de prostitución, para que puedan realizar la cuarentena necesaria y que, al cabo de ésta, tengan recursos para vivir en óptimas condiciones de vida.

Además, según informó el ministerio de Seguridad, ya hay más de 43.000 personas detenidas en todo el país por aplicación del DNU 297/2020 (41.000 liberadas con causa y 2.262 siguen detenidxs). Estas detenciones tienen un objetivo persecutorio que no tiene ninguna relación con la intención de cuidado social, y llegan a situaciones extremas como el armado de corrales al aire libre para demorar a las personas allí, tal como denunció CORREPI.

Para ser efectiva, la directiva de que las personas se queden en sus casas debe ir acompañada de políticas públicas que garanticen que todxs tengamos una vivienda digna donde vivir y los alimentos e insumos necesarios para afrontar la cuarentena, dejando de pagar la deuda externa y poniendo los recursos en el sistema sanitario de salud y programas sociales que resguarden todo tipo de contingencias. Todos los operativos que tengan por objeto garantizar nuestra seguridad ante la pandemia deben ser dirigidos por autoridades y/o personal sanitario basado en las redes de Atención Primaria de la Salud que existe en todo el país y aplicados por civiles con instrucción sanitaria, bajo ninguna condición con portación de armas.

Las fuerzas de “seguridad” que siguen impunes de todos los crímenes cometidos hasta la fecha, la policía del gatillo fácil, la gendarmería del gendarme carancho y de la desaparición en democracia, no son quienes van a concientizar sobre la necesidad de la solidaridad y el cuidado mutuo.

ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA Buenos Aires, 26 de marzo de 2020.